La pesquisa inició luego que la OCPR identificara facturaciones aparentemente fraudulentas y otras irregularidades en los desembolsos, de servicios por transportación escolar y la contratación, de proveedores para adiestramientos a padres y maestros en la región de Caguas.
Los auditores encontraron que entre el 1 de julio del 2007 y 31 de diciembre de 2012 compañías, de servicios profesionales sometieron, cotizaciones falsas para ofrecer los servicios de adiestramientos para madres y maestros en las escuelas de la región.
Los talleres tenían el propósito de desarrollar técnicas en los padres y maestros para que mejorar el desempeño académico de los estudiantes.
El examen, realizado con apenas una muestra de 15 comprobantes de desembolso con sus respectivas órdenes de compra y justificantes reveló que en la mitad de ellos una misma persona actuó como representante de dos compañías, pero con puestos distintos en cada una.
Presentar propuesta con distintos nombres de empresa pero con un mismo dueño podría amañar el proceso de subasta ya que esto aumentaría las probabilidades de selección en la puja.
Según el informe, algunas cotizaciones se recibían de diferentes compañías, sin embargo, utilizaban el mismo número de fax para enviarlas al DE.
Los empleados que solicitaron, recibieron y evaluaron las cotizaciones y adjudicaron las compras, no validaron ni verificaron la procedencia, y veracidad de las ofertas recibidas lee el informe firmado por la contralora Yesmín Valdivieso.
Además de la posible facturación fraudulenta los auditores encontraron, fallas en los pagos del transporte escolar de la zona. Un porteador cobró $628,658 en exceso a lo establecido en la subasta y $223,588 más de lo debido por informar estudiantes duplicados en los contratos y otros por los que se pagó pero no fueron identificados, en las listas oficiales.
Determinamos que la cantidad de estudiantes transportados, no coincidía con la cantidad de estudiantes que se establecía en las Listas de Estudiantes, en Orden Alfabético las que se utilizan para determinar la cantidad de estudiantes a transportar por contrato y el pago de los servicios”, se indica en el informe.
El gasto de transportación escolar para los años fiscales que fueron auditados ascendió a $71,595,000 únicamente para la región de Caguas, que otorgó 152 contratos de servicios para 32,776 estudiantes.
La región de Caguas atiende a los municipios de Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Caguas, Cayey, Cidra, Comerío, Guayama, Gurabo y Salinas.
Los hallazgos, que fueron referidos a Justicia, son tipificados como delito por falsedad ideológica, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, preparación y presentación de escritos falsos.
El 26 de marzo del 2013 y el 10 de julio del 2014 la Oficina de Asuntos, Monopolísticos OAM del DJ presentó ante el Departamento, de Asuntos del Consumidor DACO siete querellas contra 32 transportistas por violar la ley de monopolios.
En las querellas la OAM alegó que los transportistas incurrieron en acuerdos ilegales de restricción al comercio en el mercado de la transportación, lee el documento, que añade que los transportistas, se unieron para manipular y limitar la oferta de transportación escolar.
Del total de porteadores multados, 28 pagaron una sanción de $5,000 y cuatro de $10,000.
La OCPR descartó que los hallazgos del informe tengan que ver con el referido que hicieron al Negociado, de Investigaciones Federales FBI, por sus siglas en inglés a principios de este año y que provocó el operativo del pasado 27 de marzo. Este diario no pudo precisar, la fecha en que culminó la auditoría.
